A partir de mañana y a través de sus abogados, Cristina Kirchner brindará su alegato en el juicio en el que está acusada de encabezar una asociación ilícita dedicada al defraudamiento al Estado argentino mediante el otorgamiento de obra pública a favor de Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
La defensa técnica de la vicepresidenta hará uso de las tres audiencias de hasta seis horas autorizadas por el Tribunal Oral número 2 para tal fin. El penalista Carlos Beraldi realizará la apertura y el desarrollo de la de mañana y la del martes secundado por su socio, Ary Llernovoy, mientras que la propia Cristina cerraría el viernes.
Tanto Beraldi como Llernovoy buscarán desmoronar todos los argumentos esgrimidos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes a lo largo de nueve jornadas dieron por probado que, “entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita piramidal” y que “tuvo en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”.
Según la acusación, dicha asociación ilícita estuvo integrada por distintos funcionarios públicos con el fin de “la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros”. En ese contexto, solicitaron 12 años de prisión para Cristina e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
El alegato defensivo de la exmandataria se da en un contexto de muchísima tensión y efervescencia política tras el pedido de pena del Ministerio Público y, sobre todo, por el intento de homicidio de la vicepresidenta.
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Los puntos de los fiscales Luciani y Mola que los abogados Beraldi y Llernovoy refutarán en su defensa técnica son varios: el primero, y bajo términos legales, limpiar el nombre del expresidente Néstor Kirchner.
En segundo lugar la “sospechosa predilección” que había por la constructora de Lázaro Báez para llevar adelante obras de vialidad durante los cuatro años de gobierno de Néstor y los ocho de Cristina. Los fiscales mostraron con pruebas que, entre 2003 y 2015, a las empresas del Grupo Austral se les asignó el 78% de las obras en la provincia de Santa Cruz. Se resume en 51 obras, de las cuales solo 27 fueron culminadas, el resto quedó abandonado o inconcluso, mostrando una seria falencia en la capacidad técnica del emporio constructor.
En tercer lugar, la nulidad de una prueba que estaba incorporada desde hace tiempo al expediente que nadie se vio venir: el contenido del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Lopez: tras el análisis de más de 26 mil mensajes, los fiscales probaron que días antes de que Cristina dejase la presidencia se le pagaron a Báez más de $ 500 millones adeudados por obras que no terminó, la paralización y posterior abandono de todas las obras y el despido de los empleados de sus empresas. Esto fue denominado por los acusadores públicos como “plan limpiar todo”.
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El alegato de la defensa de Cristina es el número 6 de 13 imputados. El cierre de su exposición será el viernes 23 de septiembre y promete una seria contundencia pues se prevé vendrá de la mano de la propia vicepresidenta. Para ello puede hacer uso de la palabra mediante el recurso de “abogada en causa propia”, es decir puede alegar mas no ampliar indagatoria, como lo requirió hace unas semanas, cosa que fue rechazada por el tribunal.
Hasta el momento, el Tribunal Oral número 2 no recibió ningún requerimiento sobre este apartado; puede avalar o rechazar el pedido. Sin embargo y a los fines de no obstaculizar el derecho a la defensa y evitar planteos de nulidad a futuro, los jueces podrían hacer lugar a esta eventual solicitud. En ese sentido, hay un antecedente, y es el del ex presidente Fernando de la Rúa, quien cerró su alegato en el juicio por las coimas en el Senado haciendo uso de ese recurso.
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