Hasta que el humo no entra en nuestras narices, los incendios en el Delta del Paraná y el medio ambiente en general tienen poco rating. Desanima que los involucrados señalen a un tercero como culpable, lo que genera un círculo vicioso que se suma al bibliorato de aporías argentinas.
Arranca con la culpa de los productores ganaderos, que a su vez señalan a los que impulsan proyectos inmobiliarios. Sigue con las críticas de las provincias a Nación, y termina con el señalamiento de Nación a la Justicia. Detengámonos en este último eslabón.
Tiene sentido atender al tema “incendios”, y en particular, los que sufre desde 2020 la provincia de Entre Ríos (así como las poblaciones aledañas que surfean el mar de lo irrespirable) porque, al 24 de agosto, solo este año se habían quemado casi 145.000 hectáreas. Es más de siete veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en lo que va de la sequía que viene aquejando (con más incendios) a la región desde hace dos años, si bien se abrieron algunas causas judiciales, solo se pudo contabilizar un puñado de imputados (algo más de cuarenta) y ningún condenado.
Por eso hace unos días, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, hablaba de una “seria dificultad de la Justicia –en general, la Federal– para ocupar el rol que le corresponde”. Por ejemplo, agregó, “hace dos años están actuando en el Delta y no han brindado resultados”.
Entre Ríos y los incendios
El comentario de Federovisky se basa en algunos datos importantes: desde 2020, la bajante histórica del río Paraná generó un hecho inédito en Entre Ríos, al menos desde los años 40, y es que una población (mal) acostumbrada a lidiar con crecientes agobiantes, debió invertir lo que hasta entonces entendía por “peligro”, y convivir con la sequía.
Sequía que funcionó como gasolina pura en las quemas que muchos productores iniciaban (e inician) como estrategia cotidiana para producir forraje para sus animales.
Es que, de la quema en determinados tipos de suelo pueden surgir “brotes verdes”, nutritivos para la ganadería. Es la razón por la que en muchas provincias, de hecho, existe un trámite legal para obtener el permiso de quema (acotada, desde ya).
El problema se da con los disconformes ante la negativa de la autorización (en zonas o temporadas extremadamente secas, controlar una quema puede ser imposible) y con quienes directamente no la solicitan.
En cualquier caso, las cifras de quemas intencionales en Entre Ríos desde 2020 son preocupantes.
Según un informe de la Gobernación provincial al que accedió Clarín, hasta mayo de este año se habían reportado 550 incendios en zonas forestales. Difícil saber si a fin de año llegará a los 1.667 registrados en 2021. En 2020 habían sido 2.687.
Muchos incendios, pocas causas
El Gobierno señala que la Justicia no emite sanciones “ejemplares” que desestimulen la práctica ilegal de la quema. ¿Es cierto que las causas avanzan de un modo parsimonioso?
Clarín entrevistó al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signe, precisamente quien representa a Entre Ríos en toda instancia judicial en la que la provincia sea parte.
“Hay dos grandes causas. La primera es la llamada causa ‘Equística’, nombre tomado de una organización ambiental de Rosario, que fue la que primero presentó un amparo ambiental, en 2020. Como se trata de un conflicto entre vecinos provinciales (Santa Fe y Entre Ríos), la competencia la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, introdujo.
A esa causa se le sumaron otras de características parecidas, dado que las querellantes son organizaciones que demandan a Entre Ríos (y, en algún caso, a la municipalidad de Rosario, por ejemplo) por el humo insalubre y las quemas en general.
En concreto, se unificaron cinco: “Equística Defensa del Medio Ambiente Asociación Civil c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental” (CSJ 468/2020), “Asociación Civil por la Justicia Ambiental y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ amparo ambiental” (CSJ 542/2020), “Cesanelli, Valentín y otros c/ Entre Ríos, Provincia de s/amparo ambiental” (CSJ 487/2020), “Asociación Civil con Personería Jurídica Objetivos Rosario c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ amparo” (CSJ 1578/2020 ) y “Favario, Iván Leopoldo y otro c/ Provincia de Entre Ríos y otro s/ medidas preliminares” (FRO 70952/2018/CS1).
Por definición de la Corte, los expedientes se tramitan por separado, pero se dictará una única sentencia. Todavía no ocurrió.
El avance de las causas por incendios
La Corte, sin embargo, dispuso la formación de un comité de emergencia integrado por las carteras de ambiente nacional y provincial y los gobiernos entrerriano y santafesino, y algunos municipios involucrados.
Según esa disposición de agosto de 2020, el comité debe emitir informes regulares a la Corte. Rodríguez Signe explicó que “se han ido haciendo”.
Esto en cuanto al tema “ambiental”, discriminó el fiscal. La segunda gran causa, “a nivel de acciones penales, es la llamada ‘Baggio, Rufino Pablo y otros s/ incendio u otro estrago’ (FPA 840/2020), que lleva adelante el juez federal de Victoria, Federico Martín”.
Un paréntesis. Esta es una causa grande y voluminosa, que apuntó contra los propietarios de muchos territorios recientemente quemados. Son zonas de las que ya se habían reportado incendios en 2020.
Según la información provista por el Ministerio de Ambiente de Nación (que también es querellante), la fiscalía hoy investiga a 46 individuos, muchos de los cuales “prestaron declaración indagatoria sin que se haya resuelto su situación procesal”.
Una medida cautelar
Desde la cartera que conduce Juan Cabandié precisaron que el 13 de septiembre presentaron, además, una medida cautelar para que se apliquen las prohibiciones previstas en el artículo 22 (y sucesivos) de la ley de Manejo del Fuego en esa causa (Baggio, Rufino Pablo…).
¿Qué significa? Buscan garantizar que se cumpla una de las modificaciones principales adoptadas a fines de 2020 en esa ley: que los lotes en donde ocurran incendios no puedan cambiar su uso por un período de 60 años, cuando se trate de zonas protegidas, y 30 años cuando se produzcan en áreas sin protección.
La finalidad de la medida (impulsada por el diputado Máximo Kirchner) fue recomponer el área ambiental castigada por los focos de incendio, y desestimular la quema intencional que justamente busque facilitar proyectos inmobiliarios, entre otros.
Otras causas por incendios en Entre Ríos
En 2022 se iniciaron otras dos causas penales en las que Ambiente de Nación es querellante. Una es la FPA 6624/2022 y la otra se caratuló “Incidente N°7/Asociación Civil Cuenca Río Paraná”. Ambas fueron iniciadas en julio pasado y las lleva el mismo Juzgado Federal de Victoria.
Se investigan las quemas intencionales en lugares como Diamante y Victoria ocurridos a mitad de este año.
¿El estado de estos procesos? En investigación.
Desde el Ministerio nacional explicaron que en agosto aportaron información de geolocalización de focos de fuego brindados por el sistema de alerta temprana a través de los tan mencionados “faros de conservación” colocados en el Delta del Paraná.
Procesados por los incendios
La gran pregunta es si procesarán o condenarán a algún responsable. En este sentido, Rodríguez Signe se refirió a la causa “Baggio, Rufino…”, dado que tiene varias personas imputadas.
“El juez imputó fundamentalmente a los propietarios más importantes de inmuebles en lo que se verificaron incendios, pero entiendo que no los procesó porque no pudieron comprobar que ellos los hayan producido efectivamente”, aclaró.
Ante la consulta por los tiempos (que se hacen largos mientras los incendios continúan), el fiscal fue certero: “Hay varias acciones en marcha. Los oficios se han contestado todos. Se nos ha pedido la lista de dueños de las islas; la hemos dado”.
“Más allá de que hay dificultades, porque no está claro cómo se están produciendo los incendios, creo que el problema no pasa por las sanciones ejemplificadoras”, sentenció.
“Desde ya que, a través de la provincia de Entre Ríos, cuando se producen incendios y encontramos una persona, se producen detenciones, pero eso queda sometido al proceso judicial. Los procesos judiciales tienen su tiempo: hay defensas, hay procesos con las garantías judiciales que corresponden y los procesos se están sustanciando”, dijo.
Y enfatizó: “No lo veo por el lado de la ejemplificación sino por la necesidad de coordinar recursos. Francia y otros países han tenido este tipo de problemas y la actitud ha sido la colaboración. Tomar conciencia de lo que está pasando”.
Esto implica “no reclamarse unos a otros la falta de intervención sino coordinar tareas entre las jurisdicciones”.
Y concluyó: “Es el criterio del gobernador (Gustavo Bordet) y el mío también. Soy partidiario de desideologizar y despolitizar. Afrontar prácticamente este problema”.
PS