El kirchnerista Carlos Castagneto los denunció por “incompatibilidad de funciones” ante la Oficina Anticorrupción por haber asesorado al organismo, como contratados, mientras dirigían sus estudios privados. El ex juez impulsó un caso contra Cristóbal López.
Ahora el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el kirchnerista Carlos Castagneto, denunció este martes ante la Oficina Anticorrupción (OA) al presidente del Colegio Público de Abogados de la CABA, Ricardo Gil Lavedra, y otros abogados que colaboraron con las denuncias por evasión impositiva contra el empresario K Cristóbal López.
La denuncia es por “incompatibilidad de funciones” porque durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente del organismo en la presidencia de Mauricio Macri, asesoran a la AFIP en esos juicios en simultáneo con tareas de sus estudios jurídicos. En esos años, fueron contratados jamás fueron funcionarios.
“Las irregularidades encontradas determinaron que los abogados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Reussi, Alejandro Carrió, Juan Antonio Ávila y Tomás Farini Duggan realizaron trabajos incompatibles, tanto en el sector público como en la actividad privada, con las funciones que desempeñaban en la AFIP”, indicó el organismo recaudador en un comunicado.
En fuentes judiciales llamó la atención porque históricamente la AFIP contrató abogados externos para llevar adelante juicios y en estos casos ninguno de los cinco actuó en la misma causa.
Gil Lavedra y Carrió fueron los abogados que asesoraron a la AFIP en un juicio contra el empresario K Cristóbal López en un caso relacionada con la causa Oil Combustible por el no pago de 8 mil millones de pesos en el impuesto a los combustibles. Gil Lavedra es en la actualidad presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical e integró el jurado del Tribunal que juzgó en 1985 a las tres juntas militares por delitos de lesa humanidad.
Farini Duggan es el abogado de los familiares de las víctimas por el atentado a la AMIA en la causa del pacto con Irán y Reussi, Carrió y Avila son prestigiosos abogados penalistas.
Así la AFIP K, antes dirigida por Mercedes Marcó del Pont denunció al ex directivo del organismo fiscal Jaime Mecikovsky, quien había investigado el caso Oil y otros por evasiones impositivas de empresarios y funcionarios K. Pero según fuentes judiciales Marcó del Pont “no quiso avalar” esta denuncia motorizada por el kirchnerismo duro.
Entre las supuestas irregularidades comunes detectadas, “se encontró que los abogados defendían a contribuyentes mientras trabajaban en la AFIP, así como también que percibían de forma simultánea su beneficio previsional con los honorarios pagados por el organismo”, agregó.
Por tales razones, la AFIP solicitó que “se declare la nulidad de las contrataciones y el recupero del perjuicio fiscal”, además de “la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y el deslinde (de) responsabilidades”, que conduce Carlos Zannini, la mano derecha jurídica de Cristina Kirchner.
Abad y Cuccioli dirigieron la AFIP entre 2015 y 2019, durante la Presidencia de Mauricio Macri.
“La denuncia compromete los graves delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, servicios y negociaciones incompatibles con la función pública por las autoridades intervinientes”, detalló el organismo dirigido por Castagneto, ex viceministro de Acción Social ligado a Alicia Kirchner.
Gil Lavedra “percibió ingresos de forma simultánea por contratos de locaciones de servicios de la AFIP y de la Tesorería de la Provincia de Jujuy”, y que mientras se desempeñaba ad honorem en el Ministerio de Justicia “era abogado defensor de un imputado (Ricardo Lona) en el marco de causas penales por delitos de lesa humanidad en la que el Estado Nacional era parte querellante”, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)”, afirmó el comunicado. Gil Lavedra dirige uno de los estudios jurídicos privados más grandes del país.
También, en forma simultánea, era letrado patrocinante de la Provincia de Santa Fe en una causa en la que el Estado Nacional es parte demandada y “resultaba de importancia institucional para la AFIP, cuya resolución implicó una pérdida de $ 14.036.708.553,40 para el organismo”, aseguró.
Sobre Reussi, Carrió y Ávila se indicó que defendían a “contribuyentes imputados en cuatro causas penales por infracción a la Ley Penal Tributaria, siendo la AFIP parte querellante en tres”, y que los dos últimos delos letrados mencionados, además, percibieron de forma simultánea sus beneficios previsionales “con los honorarios pagados por la AFIP”.
Por su parte, Farini Duggan “percibía de forma simultánea sus honorarios de la AFIP y su remuneración como empleado en relación de dependencia del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires”, y “defendía a contribuyentes imputados en una causa penal por infracción a la Ley Penal Tributaria en la que la AFIP es parte querellante”.