Organismos de Derechos Humanos manifestaron su “repudio” por el “proceso judicial” en el juicio conocido como Vialidad, en el que los fiscales pidieron 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, y llamaron a “ganar pacíficamente las calles” para “frenar la ofensiva en ejecución” que “tiene como primer objetivo la condena y proscripción” de la expresidenta.
“Expresamos nuestro enorme repudio al proceso judicial conocido como ‘causa vialidad’, que tramita ante los tribunales de Comodoro Py contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, manifestaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
El texto está firmado además por H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
“Los fiscales la acusan de ser jefa de una asociación ilícita sin prueba alguna, le niegan el derecho a ser oída antes de los alegatos de su propia defensa”, advirtieron los organismos y destacaron que “son notorias las relaciones entre los jueces y fiscales, evidenciando la falta de imparcialidad en la toma de decisiones, lo que nos alerta acerca del posible resultado de la causa”.
En ese sentido, expresaron que “los organismos de Derechos Humanos hemos denunciado en reiteradas oportunidades que la figura de la ‘asociación ilícita’ ha sido arbitrariamente utilizada por este poder judicial” para “perseguir, criminalizar y encarcelar a referentes sociales y sindicales”.
“Esta vez la usan con el fin de inhabilitar a perpetuidad a la máxima dirigente política de nuestro país”, remarcaron.
Así, señalaron que “somos conscientes de que la guerra judicial en curso es parte del proyecto de las derechas, que tienen como primer objetivo la condena y proscripción de Cristina”, para “poder imponer un proyecto neoliberal cuyas funestas consecuencias las volverá a pagar nuestro pueblo”.
“Tenemos la certeza de que la movilización, tan propia de la historia de nuestra patria es la herramienta fundamental para frenar la ofensiva en ejecución”, afirmaron los organismos de derechos humanos en el comunicado y afirmaron que “por eso llamamos a ganar pacíficamente las calles mediante la unidad de las organizaciones sociales, políticas y sindicales y de toda la ciudadanía que aspira consolidar la Democracia y el estado de Derecho”.
Para Baltasar Garzón, el juicio es “jurídicamente insostenible”
El jurista español opinó que el juicio “Vialidad” exhibe una “sistematicidad del lawfare y del uso del derecho como arma de destrucción del oponente político” y consideró “jurídicamente insostenible” la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien expresó su apoyo.
“Es evidente que el objetivo político, a través de este ejercicio del derecho (en alusión al proceso oral en manos del Tribunal Oral Federal 2) con una alianza mediático judicial, es el aniquilamiento político de una persona, en este caso de la Vicepresidenta de la Nación”, reflexionó Garzón.
En una entrevista con Radio Nacional, el exjuez advirtió que “lo más grave es que el Poder Judicial se deja instrumentalizar” con ese objetivo y definió como “aberrante” el mecanismo de imputación a Fernández de Kirchner, que -dijo- además “no puede sustentarse bajo ningún principio de derecho”.
“Estoy casi asustado; para un jurista es muy difícil de entender lo que está ocurriendo y cómo se está instrumentalizando el derecho y algunas figuras jurídicas al servicio de la parcialidad y de la falta de garantías y del derecho de defensa”, expresó Garzón en el programa radial Encuentro Nacional.
Incluso, consideró que “cualquier avance en esta causa está condenado a que en alguna instancia posterior -esperemos que la racionalidad se instale antes en el tribunal- decaiga, con el daño y perjuicio para la propia institución judicial, para la institucionalidad de la República, además del daño irreparable que pueda producirse para las víctimas”.
Mencionó, a modo de ejemplo de irregularidades en el proceso, la incorporación de elementos “sorpresa”, “pruebas espurias” y “la utilización de arrepentidos que se arrepienten de nuevo”.
“No sé cómo se pueden llamar juristas a estas personas y lo digo con toda la trascendencia que tiene mi afirmación en un momento como éste y públicamente”, afirmó.
Insistió con que le cuesta mucho entender “tal grado de degradación y de utilización de la justicia”, junto a una “muy grave manipulación” en “determinados medios de comunicación”, en los que -juzgó- se “demoniza” a las personas.
“Si se altera el equilibrio que debe expresarse a través del ejercicio racional del derecho evidentemente se ataca la propia esencia de la democracia y se ubica como centro de defensa a los intereses particulares”, analizó.
Héctor Recalde rechazó la “indignidad republicana” en el juicio
El abogado laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde consideró que “es una indignidad republicana” que “se tiene que rechazar con todas las fuerzas” la actuación de la justicia en el juicio.
“Lo peor que puede pasar en el sistema judicial es que a una persona inocente se le arme una causa”, indicó Recalde en declaraciones a la prensa en Jujuy, donde llegó para brindar una charla debate, y sostuvo que “es una indignidad republicana que se tiene que rechazar con todas las fuerzas”.
En esa línea, indicó que “en este caso vemos como se está persiguiendo a la actual vicepresidenta de la Nación”.
“Estamos mal acostumbrados a que desde ciertos poderes se desestabilicen instituciones, se acosen y persigan personas”, como “pasó con lo que se conoció como la Gestapo”, señaló el exdiputado nacional.
Asimismo, expresó que es necesario analizar el “costo de esta persecución” y criticó la actuación de los fiscales intervinientes en el juicio, sobre lo que la vicepresidenta ya estuvo mostrando “las omisiones que tuvieron”, además de “la información tendenciosa”, dijo.
Recalde apuntó, además, contra el alegato del fiscal Diego Luciani y afirmó que “la forma de hablar parecía la de un dirigente político y no de un fiscal, que tiene que ajustarse a derecho y hacer la acusación manteniendo principios básicos de la república, que son la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa”.
“Se vio una condena sin proceso en la boca del fiscal y eso viola los principios republicanos”, señaló Recalde, quien ofrecerá una charla sobre “Negociación colectiva en tiempos de crisis y su incidencia en el derecho del trabajo”, y manifestó que “si a mi peor adversario político le ocurriera eso, yo lo defendería”.