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Duro rechazo de los jueces a los ataques de Soria, Mena y Pietragalla a los fiscales del caso Vialidad

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y otras entidades rechazaron en duros términos las declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, del viceministro de esa cartera Juan Martín Mena y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla sobre el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra Cristina Kirchner en el juicio oral de la causa Vialidad.

En un comunicado de la AMFJN, que preside Marcelo Gallo Table, se advirtió que ese tipo de comentarios “no contribuyen al afianzamiento de la división de los poderes” sino todo lo contrario.

“Se trata de una intromisión impropia e inadmisible de funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de otro Poder del Estado”, agregó la nota de la entidad que reúne a todos los jueces federales y nacionales.

“Debe aspirarse a que quienes se les ha confiado un cargo en el Poder Ejecutivo lo ejerzan con objetividad y respeto de la división Republicana de los poderes”, agregó la declaración de los magistrados.

El comunicado lleva la firma del presidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle. Es el segundo en menos de un mes. El primero había sido el que Cristina Kirchner difundió un video en sus redes con fuertes críticas al Poder Judicial, en particular a la Corte.

Mientras el fiscal Mola exponía en la segunda jornada del alegato acusatorio en pleno juicio oral, Soria lo acusó de tener vinculaciones con el ex presidente Mauricio Macri.

“Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Kirchner estaba a escondidas en el despacho de Pepín Simón (por el exasesor judicial) y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca del lawfare en nuestro país”, escribió el ministro de Justicia en su cuenta de Twitter oficial.

Junto a sus palabras, Soria mostró una foto de Mola junto al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y su mano derecha, Juan Manuel Olima; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; la titular de Pro, Patricia Bullrich; y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo. A cada uno de ellos, Soria los señaló con su apellido sobre la foto editada por el ministro de Justicia para mostrar en una misma imagen a Casal, Mola y a la mayor cantidad posible de opositores presentes.

Mena, ex subdirector de la AFI, también habló de “persecución política” contra Cristina en el juicio de la causa Vialidad. “Es una serie trucha de Netflix”, afirmó, y expresó: “Lo único que quieren es a Cristina en el banquillo de los acusados”.

En forma paralela, Pietragalla advirtió que el alegado de los fiscales es parte del supuesto lawfare y “viola los derechos humanos” de la vicepresidenta, al desconocer sus garantías fundamentales del Estado de Derecho.

“El lawfare o ‘guerra jurídica’ constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, agregó Pietragalla, miembro de La Cámpora.

Y recordó que su secretaria “tiene la responsabilidad de investigar” los actos en los cuales “las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos”, como es el caso del lawfare, impulsado “por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”.

Ante estos ataques, la entidad Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina (REJIA) lanzó una petición en defensa de los fiscales Luciani y Mola en el sitio http://change.org/ApoyoFiscalesVialidad, a la vez que también rechazó los ataques del kirchnerismo contra la Corte.

En un comunicado REJIA, dijo que “La vicepresidenta, hizo público un video en el cual critica a los cuatro integrantes del tribunal, mediante serias tergiversaciones, interpretaciones erróneas y forzadas, haciendo un repaso de la historia sesgada de los últimos veinte años”.

“Todo ello apunta a desacreditar y desestabilizar a la Corte, alterando el orden institucional, hasta alcanzar una nueva composición del máximo Tribunal, que resulte permeable a sus propios deseos y así forzar el dictado de sentencias favorables”, agregó la entidad.

Enfatizó que esos ataques “iniciarán los fiscales de la causa Vialidad, que cuentan con sólidas y numerosas pruebas incriminatorias, tal como lo hizo la Unidad de Información Financiera, que actuó como abogado defensor, en lugar de cumplir con el rol de querellante que le cabe”, destacó.

El comunicado de REJIA está firmado por  Acción Conjunta Republicana: María Bunge; Instituto de Altos Estudios de Derecho de la Provincia de Mendoza: Roberto Uliarte; Asociación Civil Río Paraná: Alberto Cohan;- Justa Causa: Luis Cevasco;- CADAL: Sybil Rhodes; Profesores Republicanos: Guillermo Mizraji y Marta Nercellas; Contadores Forenses: Alfredo Popritkin; Será Justicia Asociación Civil: Raul Aguirre Saravia; Directorio Legislativo: María Barón; Usina de Justicia Asociación Civil: Diana Cohen Agrest; FORES – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia: Alfredo Vítolo; y los abogados Daniel Sabsay (constitucionalista) y Ricardo Guibourg.

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