La funcionaria podría dejar el Ministerio de Mujeres por el desalojo a la toma mapuche en Villa Mascardi y el traslado de las detenidas. También hubo críticas de Sabina Frederic, titular de Cascos Blancos, y de aliados del Presidente.
“No va a haber cambios en el Gabinete”, confirmó Gabriela Cerruti en su conferencia de prensa de este jueves por la tarde en Casa Rosada. Minutos después, sonó con fuerza el rumor de que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, renunciaba a su cargo. En rigor, la portavoz se refería a la posible salida de Juan Zabaleta, de Desarrollo Social, que quiere apurar su regreso a Hurlingham cuanto antes. La primera dispuesta a dar el portazo fue Gómez Alcorta, quien, según indicaron varios funcionarios, presentó su renuncia. Hasta esta noche no hubo confirmaciones oficiales ni tampoco se informó si la renuncia era indeclinable o si Alberto Fernández podría rechazarla. Mientras su Gabinete volvía a entrar en crisis, el Presidente se había trasladado a Escobar para asistir de la Fiesta de la Flor y para ver la película “Argentina 1985” con estudiantes.
Ni la economía ni el bono para indigentes ni el dólar soja ni la inflación ni las PASO: la última discusión que generó cortocircuitos en el oficialismo fue el desalojo por orden judicial a cargo del ministerio de Seguridad en Villa Mascardi, Río Negro, del predio tomado por activistas de la comunidad mapuche que terminó con siete mujeres y tres hombres detenidos.
En la Casa Rosada especulan con que, si finalmente se va, la ministra podría ser reemplazada por su número dos, María Perceval. Solo siete ministros del Gabinete original siguen en funciones. Gómez Alcorta había compartido un acto con el Presidente el martes, el mismo día del desalojo. Según fuentes de su entorno, este jueves la ministra habló con el Presidente para decirle que está en desacuerdo con las consecuencias del desalojo en Mascardi y fundamentalmente con el traslado de varias de las detenidas a la unidades penales del Gran Buenos Aires.
Gómez Alcorta, que fue abogada del líder de la RAM Facundo Jones Huala, pateó el tablero por la mañana en una entrevista radial. “La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta”, señaló en diálogo con la AM 750. Diez horas después hizo circular la versión de que renunciaría.
Lo que terminó de irritar a “la ministra Eli”, como la llamaba el jefe de Gabinete Juan Manzur -a quien Gómez Alcorta había denunciado en sus tiempos como gobernador de Tucumán- fueron los dichos de la portavoz presidencial que rechazó sus declaraciones y las re-interpretó. “Hay 6 personas detenidas, todas ellas mujeres. La ministra está interviniendo con lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de esas mujeres, hay una mujer embarazada, y para que se cumplan con toda la celeridad para que se puedan llevar adelante el proceso con todas las garantías. El ministerio de las Mujeres está monitoreando todos estos temas. Hoy mismo la ministra ha expresado su parecer sobre el tema”, dijo Cerruti.
La ex diputada y funcionaria a cargo de la comunicación que responde directamente al Presidente insistió en que el Gobierno llevó adelante el cumplimiento de una orden judicial. “Se hizo cumpliendo todos los protocolos, se hizo sin el uso de armas letales, sin ninguna denuncia durante el procedimiento en cuanto a cómo se llevó adelante. No hubo ningún tipo de avasallamiento a los derechos de quienes estaban en ese lugar, se llevó adelante la orden judicial con todo el protocolo de seguridad y respeto a los Derechos Humanos”, sentenció.
En la misma sintonía que Cerruti se había expresado más temprano el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. “Hubo una semana de trabajo previo de preparación para poder resolver el tema de la usurpación. Funcionó y no entramos con armas letales. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo”, señaló el ministro, que también es apuntado por La Cámpora.
Su antecesora en el cargo, Sabina Frederic, también tomó distancia del Gobierno. “La relación de causalidad entre la toma de la comunidad en Mascardi y los hechos de vandalismo es totalmente alocada. (Ese razonamiento es de) personas racistas con intereses inmobiliarios”, consignó a Radio Con Vos. La ex ministra -hoy en el área de Cascos Blancos- defendió la mesa de diálogo que había conformado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, comunidades mapuches y el gobierno provincial que el Ejecutivo discontinuó. “Hay una línea que tiene el Presidente por haber cambiado a la ministra y al ministro de Justicia también, no solo Seguridad. Evidentemente hay un entendimiento de que ese camino no era el adecuado, nosotros creemos que sí y que requiere muchísimo trabajo y resistir todas las presiones de los medios hegemónicos que te acusan de todo, terrorista, en fin”, señaló en lo que fue también una alusión al reemplazo de Marcela Losardo por Martín Soria, aspirante a gobernador de la provincia.
Carta a la jueza y más críticas de aliados
El Comité nacional para la Prevención de la Tortura -un ente autárquico del Ejecutivo- a cargo de Juan Manuel Irrázabal, envió una nota a la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez para instarla a que revise el traslado de las detenidas a la Provincia.
El diputado Eduardo Valdés, amigo personal del Presidente y con llegada a la vicepresidenta, también tomó distancia de la Casa Rosada. “No comparto dentro del Frente de Todos que se hayan violado los Derechos Humanos en Mascardi con esas cuatro mujeres. Las voy a visitar a la cárcel. Ojalá reflexione el Gobierno. Son medidas políticas”, consignó en declaraciones a El Destape.
Más allá de cumplir órdenes judiciales, el Gobierno quiere enviar señales claras de que está dispuesto a “defender la propiedad privada”, como hicieron saber cerca del Presidente. Días atrás y tras la presión pública de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el Ministerio de Seguridad puso en funcionamiento un comando unificado de fuerzas federales en las proximidades de Mascardi y Bariloche. Fernández viajará a Neuquén la semana que viene.
La Casa Rosada suma críticas de otros aliados del oficialismo por el accionar de la situación de las detenidas. El Movimiento Evita había criticado la puesta en marcha del funcionamiento del comando unificado. Este jueves, la UTEP en su conjunto, un día después de que sus máximos referentes compartieran una reunión con el Presidente, difundieron un duro comunicado. “La única respuesta del Gobierno no puede ser un accionar represivo de las fuerzas de seguridad”, insistieron.