Un sobreviviente de la última dictadura cívico militar, secuestrado y torturado junto a su padre para que entreguen un hotel, una casa de cambio y un campo de su propiedad a los represores, declaró hoy ante un tribunal federal de La Plata y lamentó, “con dolor”, que la justicia haya actuado “fuera de tiempo” para analizar su caso.
Se trata de Luis Taub, quien declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata , que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Berges, contra casi 500 víctimas secuestradas en los excentros clandestinos e detención conocidos como Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio, muchos de los cuales aún no recuperaron su identidad.
Benjamín Taub, propietario de una casa de cambios en la avenida Corrientes de Capital Federal fue secuestrado por militares el 6 de septiembre de 1977 y se le exigió a su familia que pague un millón de dólares para su liberación.
Ante la imposibilidad de la familia de reunir esa suma, una semana después, efectivos militares secuestraron a Luis, el hijo de Benjamín.
“Nos llevaron a El Infierno, o lo que después supimos que era la Brigada de Lanús. Allí fuimos torturados muchas veces mi padre y yo. El motivo de la detención era para sacarnos plata y todos nuestros bienes”, explicó la víctima al declarar hoy.
Y recordó: “A mi papá lo golpearon, lo torturaron, lo dejaron inválido y terminó con un coma diabético. Con nombre falso lo ingresaron a un hospital. Pero nunca se recuperó de eso. Nunca volvió a caminar bien tras ser liberado”.
Tras dos semanas en El Infierno, los Taub fueron llevados al Pozo de Bánfield, luego a la Unidad 9 de La Plata y al penal de Trelew, en Rawson.
“Después de seis años y nueve meses fuimos liberados, ya en democracia. En el camino fui juzgado por un Tribunal inventado, un Consejo de Guerra que funcionaba en Palermo. Saquearon la casa de mis padres, se llevaron dinero, monedas de oro. De la Casa de Cambio desapareció todo el dinero”, detalló.
Explicó que estando cautivos, su padre y él fueron obligados a firmar “papeles en blanco” que los llevaron a perder la casa de cambio, un hotel, y un campo de más de mil hectáreas que tenía en el municipio de Maipú”.
Su madre, Flora, también había sido secuestrada y estuvo presa dos meses en el Pozo de Bánfield.
“Mi padre falleció ocho meses después de ser liberado. Yo me fui del país y volví cinco años después. Aquí estoy. Uno nunca termina de remontar lo que le pasó. Mi familia tenía una buena posición económica, generábamos empleo. La casa de cambio daba trabajo a 40 personas, el hotel también. Mi mamá fue extorsionada varias veces, le hicieron firmar con los bienes. Nunca nadie vino a ayudarnos para recuperar esos bienes, ni el Estado nos dio algún resarcimiento económico. Recibo una pensión del Instituto de Previsión Social (IPS) de 30.000 pesos por mes”, contó.
Remarcó que sus padres ya fallecieron y que “ninguno de los dos obtuvo justicia a lo largo de todos estos años.
“Fuimos víctima de terrorismo de Estado y recién ahora a cuarenta y tantos años se analiza el fondo de todo lo que padecimos. Es un juicio para los libros, Justicia fuera de tiempo no es justicia para nada. Siempre digo que hay dos formas de vivir: ´Yo tuve´ o ´yo tengo´. Mejor olvidarse de lo que ya no se tiene”.
Durante la audiencia también declararon también Darío Machado y Daniel Wejchenberg, dos sobrevivientes de El Infierno y Julio Cabrera, hijo de Washington Cabrera, desaparecido.
“Me ha movido el deseo de verdad y justicia, una justicia que se tardó bastante en producir. Hay muchos represores que ya han muerto, el paso del tiempo es inexorable, y murieron sin tener ningun tipo de condena”, expresó Darío Machado tras contar sus padecimientos en El Infierno.
Expresó que “lo que veo y sigo viendo todos los días es que ese odio continúa. Es un odio de clase”.
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield y el Pozo de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.