El exsubinspector de la Policía Federal Mario Sandoval comenzó a ser juzgado este miércoles por la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos al estudiante y militante de la Juventud Peronista (JP) Hernán Abriata, quien fue secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura en octubre de 1976 y permanece desaparecido.
La primera audiencia de este juicio comenzó pasadas las 10.45, horario en el cual arribó Sandoval, el único imputado, con un barbijo que cubría parte de su rostro en función de las recomendaciones sanitarias vigentes por la pandemia de coronavirus.
El Tribunal Oral Federal número 5 que juzga a Sandoval está compuesto por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Fernando Canero; en tanto que el Ministerio Público Fiscal está representado por Leonardo Filippini y la auxiliar Marcela Obetko.
La defensa del expolicía de la Federal le solicitó al tribunal que el proceso oral y público no se televisara por “cuestiones de decoro”.
Sandoval es investigado por su presunta participación en el operativo de la Armada que ejecutó el secuestro de Abriata en la madrugada del 30 de octubre de 1976, cuando el joven de 25 años, estudiante de Arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista
La audiencia comenzó con la lectura de cargos a cargo del secretario Javier Faccioni quien citó el hecho, la clasificación y el auto de elevación a juicio: narró así el secuestro de Abriata ocurrido el 23 de octubre de 1976 de la avenida Elcano 3035 por un grupo de personas armadas entre los que se encontraba Sandoval.
Faccioni relató que el estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) “fue llevado a una quinta y en noviembre a la ESMA” donde estuvo “clandestinamente detenido con condiciones inhumanas de vida”.
Así, el secretario le comunicó a Sandoval que estaba imputado de haber sido “coautor de delito privación ilegitima de la libertad en concurso con tormentos” y “con violencia” contra Abriata, quien estuvo “cautivo durante más de un mes”.
El funcionario judicial remarcó la responsabilidad de Sandoval como “miembro de la Policía Federal Argentina (PFA), y perteneciente a un grupo de tareas” con “base operativa en la Armada” y remarcó cómo aquel día, al ingresar al domicilio, “a (Mónica) Dittmar (esposa de Abriata) la obligaron a vestirse y comenzaron a interrogar a Hernán en un cuarto” y que tras “treinta minutos se lo llevaron detenido”.
“Sandoval le dijo a Dittmar que no pasaba nada. Que se quedara tranquila y se dio a conocer como miembro de la Policía y le recalcó que tomara nota de ello. Le exhibió una credencial plastificada con su foto”, narró Faccioni en su lectura ante el Tribunal
Luego, en la audiencia preliminar la defensa pública objetó la legitimidad activa de las querellas y también la validez de los requerimientos de elevación a juicio.
En cuanto al primer caso, la abogada Silvia Cano alegó que los familiares de la víctima “deberían ser apartadas y en todo caso se representadas por el Ministerio Público Fiscal en su carácter de representantes de la sociedad”.
En el marco de la instrucción de la causa, en 2017 un equipo de investigación a cargo del juez federal Torres halló en el predio donde funcionó el centro clandestino de la ESMA una inscripción en la pared que pertenecería a Abriata
“Las querellas que representan intereses colectivos se deben apartar ya que el único caso que se está juzgando es el de Hernán Abriata”, fundamentó la letrada.
Sobre la nulidad parcial de los requerimientos de elevación a juicio, el defensor oficial Gerardo Miño dijo que “es una nulidad absoluta porque afecta el principio de congruencia, ya que Sandoval al ser indagado lo fue por la privación ilegítima de la libertad y no por tormentos”.
“Los tormentos no son delitos permanentes. Jamás el estado de Francia dijo que Sandoval tenía que ser juzgado por eso. Este es el límite. Hay que respetar los límites de la extradición porque es un hecho político”, apuntó.
No obstante, el juez Canero, a título del Tribunal rechazó los dos planteos al sostener que las nulidades.
“Tampoco se advierte que se haya demostrado que estas cuestiones se traten de nulidades absolutas. Se trata de planteos que ya fueron formulados y resueltos”, añadió el magistrado.
Familiares de Abriata presentaron una denuncia contra Sandoval tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en 2012 el juez federal Sergio Torres presentó la demanda en Francia para extraditar al expolicía
Luego dio traslado a la Fiscalía quien coincidió con el juez, y lo mismo consideraron las querellas.
Al llegar el turno de su indagatoria, Sandoval declaró durante una hora alternando sus dichos con la lectura de un documento escrito.
“Cada uno de los integrantes del tribunal, el fiscal, la familia Abriata y los ilegales querellantes saben que no soy el comisario Sandoval que vino al domicilio de la familia Abriata en 1976 y luego al del señor Hernán Abriata”, indicó en un pasaje de su alocución.
En esa línea, el expolicía destacó no tener “carga moral de conciencia” sobre el hecho del que se lo acusa “ni en ningún otro hecho” y arremetió contra los organismos de derechos humanos.
“Los principios de los derechos humanos no pueden ser simplemente la panacea de unos y la ausencia en otros”, expresó Sandoval, que se presentó como un “ciudadano francés” que es “argentino por obligación” y que “no reconoce” a las instituciones de este país.
“Soy un preso de excepción por la forma del juicio, las acusaciones, el sistema y las condiciones de detención”, se quejó.
Al terminar su declaración, pidió al Tribunal que “no se escuchen palabras” que pueden “afectarlo moralmente” de parte del público presente.
“Yo estaba completamente en desacuerdo de que saquen fotos. Espero que eso no ocurra y que podamos llevar un juicio sin esos inconvenientes”, expresó el acusado, quien no aceptó preguntas del juez Canero.
Luego de la indagatoria del expolicía, el Tribunal dictaminó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 21 a las 9.30, en el que se convocará a dos testigos Mónica Dittmar y Juliana Abriata, hija del estudiante desaparecido.
El 31 de agosto de 2018, el primer ministro francés, Édouard Philippe, firmó un decreto para conceder la extradición de Sandoval
El martes, el TOF 5 notificó a las querellas que finalmente el juicio sería de forma presencial, y no virtual, como había determinado en primera instancia.
Sin embargo, los magistrados le impidieron al sitio de información alternativa La Retaguardia transmitir con imágenes propias las alternativas del proceso oral, pero habilitó que se reproduzca el material audiovisual provisto por el juzgado.
En la sala estuvieron familiares, compañeros de militancia, amigos de Abriata; y Carlos Loza sobreviviente de la Esma que compartió cautiverio con Abriata.
En diálogo con La Retaguardia, Loza afirmó con anterioridad al comienzo de la audiencia que “se dilata mucho la justica y esperamos ahora que haya una condena”.
“Queremos que lo condenen por lo que hizo. Además que tengan en cuenta, como dijeron en Francia, que esto es un delito continuo porque Hernán sigue sin aparecer. El único que sabe dónde está el cuerpo es Sandoval”, señaló.