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miércoles, 25 de septiembre de 2024 10:46
La diputada provincial Natalia Saseta (Pro) compartió detalles sobre un proyecto de ley que busca regular el acceso a internet y el uso de dispositivos móviles en los servicios penitenciarios.
Esta iniciativa fue consensuada entre varios bloques políticos, como la Unión Cívica Radical, el PRO y La Libertad Avanza.
“Este proyecto surge a raíz de las crecientes denuncias de estafas telefónicas, que llevaron a la necesidad de evaluar cómo se manejan las comunicaciones dentro de los penales,” explicó Saseta. La diputada enfatizó que no se pretende prohibir el uso del teléfono, ya que esto vulneraría derechos fundamentales. “Es crucial entender que los internos, aunque estén privados de libertad, son sujetos de derechos y eventualmente con la posibilidad de reintegrarse a la sociedad.”
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la implementación de inhibidores de señal para limitar el uso no controlado de dispositivos móviles.
“Sabemos que estos inhibidores son costosos, pero su efectividad fue comprobada en otras provincias, como en Chaco, donde se han implementado con éxito,” comentó la diputada.
Saseta también hizo hincapié en la importancia de la comunicación entre internos y sus familias, donde queda demostrado, que a través de las mencionadas comunicaciones, se puede reducir la violencia en los penales. “Desde la flexibilización del uso de teléfonos móviles, se ha registrado una disminución significativa de conflictos entre reclusos,” añadió.
El proyecto también prevé la capacitación del personal penitenciario en el manejo de estas tecnologías, buscando un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los internos. “Es fundamental que la sociedad también se involucre denunciando estafas, ya que esto nos permitirá asignar un presupuesto adecuado para combatir este tipo de delitos,” instó la diputada.
En relación a los derechos educativos, Saseta afirmó que los internos deben tener acceso a la educación, resaltando que la educación es un derecho que no debe ser restringido.
“El objetivo es preparar a los condenados para su reintegración a la sociedad, no podemos legislar en función de excepciones,” concluyó.
El proyecto, que se espera sea tratado en la legislatura, busca no solo limitar el uso del internet, sino también asegurar que la comunicación y la educación de los internos se realicen en un marco de seguridad y legalidad.
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